Hacia fines de los ochenta, organizaciones internacionales de desarrollo empezaron a tomar nota de los logros del ILD. Luego, a inicios de los noventa, los teléfonos del ILD comenzaron a recibir llamadas de diversos gobiernos que veían en la metodología y la práctica del ILD una alternativa para solucionar los persistentes problemas de la pobreza y la exclusión en sus respectivos países. El primero en convocar al ILD fue El Salvador.
En 1990, el Presidente Alfredo Cristiani, impresionado por los avances conseguidos por el ILD en el Perú, solicitó al Instituto desarrollar un trabajo parecido en El Salvador, un país que había sido azotado por una década de sangrienta guerra civil y que sólo cuatro años antes había sufrido un devastador terremoto.
El ILD se mostró de acuerdo en colaborar, pero no de manera directa. Después de desarrollar un estudio piloto, el ILD entrenó a un grupo de profesionales salvadoreños para desarrollar un sistema de titulación de la propiedad. El objetivo fue titular un millón de propiedades al año. A fines del 2003, el sistema de formalización de predios diseñado por el ILD había conseguido que un millón de personas se beneficiaran del derecho y, además, permitió establecer pacíficamente a ex guerrilleros y refugiados en tierras productivas, de modo que se redujo los incentivos para la violencia. Actualmente, el sistema de registro de El Salvador se encarga de más US$ 800 millones en hipotecas anualmente. Sobre los efectos de la reforma del ILD, el presidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004) dijo:
El Salvador hoy es un país diferente. Tiene la tasa más alta de reducción de la pobreza en América Latina…En 12 años, el Salvador ha reducido su pobreza en la mitad...El desempleo cayó de 30% en 1992 a 6.8% en el 2003.
Después de las exitosas reformas en el Perú y El Salvador, otros países solicitaron la asesoría del ILD. Sin embargo, el ILD no se había concebido como una organización internacional: desde el principio De Soto, sus seguidores y su equipo de investigadores sólo se habían propuesto crear un sistema legal en el Perú que facilitara a sus compatriotas, especialmente a los pobres, conseguir un lugar en la economía y sacarlos de la pobreza.
Una vez más, el ILD estaba enredado en la política interna de Perú, irónicamente víctima de su propio éxito –contra Sendero Luminoso, en la implementación de reformas legales y su enorme presencia en los medios. Una encuesta reveló que juntó al Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, el Parlamento y la Iglesia, el ILD era una de las más instituciones más poderosas. La broma entre clase política y los sectores medios era que el ILD estaba gobernando el país.
Bromas aparte, sin embargo, el Presidente Fujimori, legítimamente orgulloso de su propio éxito contra el terrorismo y con las bases de la reforma económica establecidas, estaba incómodo del mayor predicamento del ILD en los medios que el jefe de Estado más popular de los últimos tiempos (el propio Fujimori). En Estados Unidos las organizaciones e individuos al margen del gobierno pueden influenciar en las políticas públicas, desde la reformas a favor de los consumidores de Ralph Nader y la revolución de los derechos civiles de Martin Luther King en los sesenta hasta la actual influencia de diversos grupos a favor de las reformas en el medio ambiente y la inmigración. A diferencia de Estados Unidos, en el Perú la sociedad civil tradicionalmente no juega ningún rol en la política. Y el Presidente no iba a permitir que una organización no gubernamental eclipsara Palacio de Gobierno.
Al respecto, el periodista y analista, Alvaro Rojas, señaló “que el ILD era percibido como un poder político”.
En 1996, el gobierno comunicó al ILD que ya no iba dirigir el Registro Predial.
Aún cuando no existían condiciones para que el ILD continuará trabajando en Perú, su influencia se sentiría en las próximas décadas, particularmente, en las universidades y entre personalidades reformistas. Se consideraba que el Perú nunca desarrollaría una economía de mercado mientras la mayoría de los empresarios y sus activos languidecieran en la economía extralegal, incapaces de realizar transacciones seguras y ventajosas en los mercados nacional e internacional. Hernando de Soto insistió en este tema en el 2006, por ejemplo, como parte de un debate público sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y el Perú. Nuestro país esperaba la ratificación del Congreso de Estados Unidos. De Soto precisó que el TLC podía ser la oportunidad perfecta para integrar a los pobres y a los pequeños empresarios del Perú dentro de los beneficios de la globalización mediante la creación de “un Tratado Interno de Libre Comercio” que otorgaría a todos los peruanos acceso a los instrumentos legales que los empresarios de Estados Unidos y Europa consideran normales: derechos de propiedad, formas legales de organización para dividir el trabajo productivamente y mecanismos para expandir mercados a nivel nacional e internacional. En setiembre del 2006, el Presidente Alan García nombró a De Soto como su Representante Personal para el Tratado de Libre Comercio Interno para todos los peruanos, propuesta que fue apoyada por todos los medios de comunicación. Casi dos años después, con la probable ratificación del TLC entre Estados Unidos y Perú, la propuesta del ILD de empoderar a los pobres sigue teniendo enorme apoyo.
Impedido de desarrollar más reformas en su propio país y con una lista creciente de solicitudes de otros países, el equipo del ILD se dio cuenta que podía ser parte de una alternativa universal a la persistente pobreza y exclusión. Haití estaba en espera y el ILD decidió que si iba ha haber un segundo acto, este debería demostrarse en otras regiones.
En 1996, el Presidente de Haití, Rene Preval, contactó al ILD para desarrollar un proyecto que determinara la extensión y la potencialidad de los predios informales en su país. En ese país estaban los más pobres del hemisferio. Entre 1988 y mayo del 2002, durante los gobiernos de Rene Preval y Jean Bertrande Aristide, el ILD, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo(BID), desarrolló una vasta investigación en la economía extralegal de Haití y diseño reformas que ayudarían a las pequeñas empresas de la economía informal. El ILD presentó un exhaustivo “Anteproyecto para Crear el Programa Nacional de Capitalización de Activos” (Le Programme National de Capitalisation des Actifs en Haiti). Las reformas, sin embargo, nunca fueron implementadas debido a la inestabilidad política. Sin embargo el nuevo gobierno de Rene Preval reconsideró esa situación. En marzo del 2007, el ILD firmó un acuerdo con el BID para reiniciar el programa, actualizando las propuestas de reformas si era necesario para luego avanzar a la implementación.
En 1997, el Egyptian Center of Economic Studies (ECES), un think thank con sede en Cairo, invitó al ILD para investigar las prácticas, la extensión y el valor de los predios rurales y urbanos. El ILD financió su trabajo con fondos de USAID y, luego de un año, el presidente del ILD, Hernando de Soto presentó los descubrimientos en una conferencia en el ECES que se tituló “Capital Muerto y los Pobres en Egipto”. Después una intensa investigación en el Gran Cairo y visitas a Alejandría y otras ciudades, así como las áreas rurales, el equipo del ILD demostró que el sector de predios extralegales era enorme y que comprendía más del 90% de las propiedades urbanas y por encima del 80% de las rurales- más del 70% de los bienes de los pobres. El ILD estimó que el valor los activos extralegales de Egipto era de US$ 245 billones –considerado capital muerto- ( A la solicitud del Presidente de Egipto, Hosni Mubarak, el ILD iniciaría un proyecto más ambicioso aún en el 2003, bajo los auspicios del Ministerio de Finanzas egipcio.
Un equipo del ILD arribó a Filipinas en 1988 por invitación del presidente Joseph Estrada para realizar un diagnóstico de sector predial extralegal. El reporte final reveló que el 65% de los filipinos vivían y trabajaban fuera de la economía formal y ellos habían acumulado activos por un valor de US$132 billones, suma considerada capital muerto. En medio de escándalos de corrupción y protestas callejeras en enero del 2001, Estrada fue forzado a renunciar a la Presidencia y fue reemplazado por la Vicepresidenta, Gloria Macapagal Arroyo, una abogada partidaria de las reformas del ILD, particularmente en el área de la propiedad urbana y rural así como en políticas de crédito para vivienda de los pobres.
La Presidenta Macapagal Arroyo se reunió rápidamente con Hernando de Soto e invitó al ILD a continuar su trabajo en Filipinas. Los equipos del ILD retornaron en el 2003 para actualizar sus investigaciones en el sector predial y en el 2004, además, analizaron el área de empresas informales, revelando que casi todos los negocios en Filipinas eran extralegales.
Durante su campaña a la Presidencia en setiembre de 1999, Vicente Fox solicitó al ILD elaborar un estudio preliminar para establecer las bases del desarrollo en comunidades rurales y redactar un programa de vivienda. Un equipo del ILD pasó un año trabajando en el tema y presentó su reporte en el 2000. En el 2005, el Presidente Fox convocó al ILD a regresar a México para desarrollar un estudio a gran escala del sector extralegal del país. El ILD actualmente está negociando con el nuevo gobierno de Felipe Calderón para implementar una serie de reformas basadas en ese trabajo.
En el 2000, Hernando de Soto, publicó su segundo libro, El Misterio del Capital: Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo, el cual se convirtió en un best seller mundial y ha sido publicado en más de 20 lenguas.
Desarrollando sus tesis sobre los efectos económicos de la informalidad planteadas en El Otro Sendero, De Soto argumenta que el éxito económico de las naciones avanzadas se fundamenta en cómo se incorporaron a las mayorías populares en la economía formal. Según De Soto, cada nación desarrollada superó el difícil camino de una predominante economía informal – o lo que él llama “extralegal”- hacia una economía de un único derecho capaz de crear capital y progreso económico. Para solucionar el “misterio” de cómo el capital es creado, De Soto señala, se debe observar el sistema legal de Occidente donde los ciudadanos pueden participar en el mercado, darle diversos usos y palanquear sus activos (principalmente casas y pequeñas empresas) y convertirlos en riqueza. “Los registros y títulos de la propiedad representan nuestra visión de lo que es económicamente significativo para cualquier activo”, escribe De Soto. “ Ellos capturan y organizan toda la información requerida para conceptualizar el valor potencial de un activo y permitirnos usarlo”.
En los Estados Unidos, el proceso de formalizar los activos y bienes de los ciudadanos tomó alrededor de 120 años. Dicho proceso que comenzó en el siglo XVIII, cuando el gran país del norte era una sociedad subdesarrollada de “migrantes” y de “invasores”, que ocupaban propiedades públicas y privadas. Releyendo la historia de Europa y Estados Unidos a través del prisma de los derechos de propiedad, De Soto señala que hemos olvidado cómo se creó el capital: esto sólo fue posible cuando los abogados locales, los jueces y los políticos se dieron cuenta que había que reformar las leyes para facilitar a los ciudadanos controlar y desarrollar sus propiedades y negocios dentro del sistema, de modo que pudieran usar sus activos como garantías. De repente, con los títulos de propiedad en mano, la tolerancia frente a los invasores se transformó en rechazo, ya no eran los “nobles pioneros” y se les negó el voto. Recién, entonces, la economía de Estados Unidos estuvo en condiciones de despegar.
Tomando en cuenta los descubrimientos del ILD en Perú, Haití y Egipto, en El Misterio del Capital se demuestra que si bien existe informalidad masiva en estos países – la mayoría de negocios y posesiones prediales-, también existe una impresionante cantidad de empresas y activos, incluso, entre los pobres. Para aprovechar esa riqueza potencial, los gobiernos deben tener la voluntad de reformar los obstáculos, así como costosas regulaciones y procedimientos burocráticos de sus sistemas legales que impiden que la mayoría de la gente formalice sus activos. Ningún gobierno puede crear una economía de mercado moderna sin la mayoría de los ciudadanos y sus activos. Según De Soto, por esas razones el capitalismo ha fracasado en los países en desarrollo, países en los que la informalidad reina.
El triunfo intelectual y comercial del segundo libro de De Soto –y la publicidad y comentarios mundiales – notificaron a los legisladores y jefes de estado en los países en desarrollo y en los ex regímenes soviéticos que podía haber una solución a la persistente pobreza e informalidad de sus respectivos países. Las invitaciones de jefes de estado comenzaron a multiplicarse, solicitando reuniones con el Presidente del ILD para analizar la posibilidad de desarrollar programas en sus países.
Hacia el 2002 el ILD, empezó a transformarse de un instituto pequeño y controversial en Perú en una organización con un programa bien articulado y probado, capaz de identificar las prácticas, la extensión y el valor de la economía extralegal, establecer los aspectos legales que causaban los problemas, diseñar reformas en base a la información de campo e implementarlas para establecer un sistema capaz de generar capital.