La Génesis del ILD
En 1979, Hernando de Soto dirigía un conglomerado de pequeñas empresas mineras en Lima y consumía casi todo su tiempo lidiando con trámites y regulaciones excesivas. Por su educación en Europa y por haber comenzado su carrera en Suiza, sabía que hacer negocios no tenía que representar un vía crucis. Se negó a aceptar la explicación que señalaba que los peruanos estaban negados para el mercado por razones culturales. Después de todo, el propio De Soto era peruano y conocía a decenas de compatriotas que eran tan brillantes e innovadores como cualquiera que había conocido en Europa. De Soto también descubrió que muchos de sus colegas empresarios estaban tan frustrados como él con los obstáculos legales. Varios de ellos estaban deseosos de colaborar con De Soto en sus esfuerzos por encontrar la raíz de estos problemas.
De Soto y sus colaboradores (el equipo) comenzaron con una investigación sobre la legislación peruana de empresas, contratando a dos abogados recientemente graduados con el propósito de contabilizar el número de leyes y regulaciones vinculadas a cómo los ciudadanos producen y distribuyen riqueza. Entre esas leyes vigentes había, incluso, algunas promulgadas desde la segunda guerra mundial. Los resultados fueron sorprendentes: el gobierno peruano promulgaba cerca de 28 mil normas y regulaciones por año (más de 100 normas por día). Todavía más desconcertante fue descubrir que el enorme y creciente pantano legal no reflejaba ni siquiera remotamente las necesidades de la mayoría nacional.
Un sistema legal divorciado de la realidad
Para confirmar el desencuentro entre el derecho y los pobres, el equipo estableció dos talleres de costura en un pueblo joven de Lima e intentó conseguir la respectiva licencia municipal de funcionamiento. Con la ayuda de cinco universitarios que pasaban horas lidiando con la burocracia estatal, De Soto descubrió que obtener una licencia para operar, incluso, un pequeño negocio demandaba 289 días y costaba 31 veces el promedio del sueldo mínimo nacional. Semejante hallazgo fue la confirmación inobjetable de que el derecho del país estaba divorciado de la realidad y que generaba más costos que beneficios. Las normas eran difíciles de comprender y costosas de cumplir. No sorprendía, entonces, que la mayoría del Perú optara por la extralegalidad.
De hecho en el Perú existían dos países. Uno donde el sistema legal otorgaba privilegios a una selecta minoría y otro donde la mayoría de peruanos vivía y trabajaba fuera de la legalidad de acuerdo a sus usos y prácticas locales. ¿Cuán grande era el sector extralegal? Ningún gobierno parecía haberse planteado el tema. En 1981, De Soto y sus colegas decidieron formar el Instituto Libertad y Democracia (ILD), una organización sin fines de lucro, para investigar la economía de la informalidad.