La guerra de los Notarios

Presentación

1. EL ATAQUE A LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

El sistema de formalización de empresas y de la propiedad que han atacado las cúpulas notariales ha sido desarrollado a lo largo de los últimos veinte años sobre la base del diseño institucional del ILD. Este arrancó en 1988 cuando el presidente Alan García promulgó los Decretos Legislativos 495 y 496 sobre el Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares, Hipoteca Popular y Seguro de Crédito. En 1989 se fortaleció con los principios e instrumentos de la Ley Nº 25035 de Simplificación Administrativa y el Registro Unificado de Empresas, que extendieron los beneficios de la democratización económica a la actividad empresarial. En 1991, el Gobierno de Alberto Fujimori incorporó a las áreas agrícolas al sistema mediante el Decreto Legislativo 667 que creó el Registro de Predios Rurales para la titulación de parcelas agrícolas. En 1996 se amplió y fortaleció el sistema con la creación de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) que recibió la tecnología y los recursos de los programas anteriores. Y el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) recoge el sistema plasmado en las normas anteriores.

Este sistema benefició a más de diez millones de peruanos –entre otras cosas al quitarle a los notarios el privilegio de que toda persona tenga que cruzar por sus oficinas para acceder o transferir su propiedad.

COFOPRI registró al 2006 más de un millón y medio de predios en beneficio de más de siete millones de peruanos. El nuevo sistema que reemplazó a los notarios y los antiguos trámites redujo el tiempo para acceder a un título de casi ocho años a dos meses y el costo promedio de formalizar un predio se redujo de US$230 por familia a US$35. Como consecuencia de esas reformas, el valor de estas propiedades aumentó, se amplió el acceso al crédito, más mujeres accedieron a la propiedad (llegando hoy a constituir el 54% de los propietarios) y pudieron acceder al mercado laboral, se elevó la asistencia escolar y aumentaron los ingresos de los beneficiarios. Además, el empoderamiento de los pobres a través de estas medidas fue parte importante de la estrategia que permitió derrotar al terrorismo en el Perú, según autoridades militares competentes y el propio Abimael Guzmán.

El ILD piensa que el sistema vigente no contiene todos los mecanismos del diseño original para capitalizar y emancipar a los pobres. Sin embargo, es un enorme progreso comparado con los antiguos procedimientos que los notarios quieren perpetuar. Una prueba es que, comparado con lo que existe en otros países en vías de desarrollo, este sistema ha sido reconocido por el Banco Mundial y las Naciones Unidas como un ejemplo internacional de éxito, opinión compartida por otros organismos internacionales y estudios independientes . Las cúpulas notariales, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. Pocos años después lograron revertir algunas de esas reformas para recuperar los privilegios de los que gozaban en desmedro de los pobres. En su momento el ILD, el Colegio de Abogados de Lima, la Defensoría del Pueblo, COFOPRI y otras instituciones alertaron a la opinión pública sobre cómo estas medidas excluían a los pobres de la propiedad y participaron de acciones legales ante el Tribunal Constitucional para intentar detener la ofensiva.

Hoy, el gobierno está empezando a desmontar nuevamente las medidas impulsadas por las cúpulas notariales. Para proteger su situación, el Colegio de Notarios de Lima decidió pagar un estudio que desprestigie la idea de que el sistema legal debe estar al alcance de todos y a la institución que consideran la responsables de las reformas a ese sistema legal que los llena de privilegios, el ILD .

2. LAS CRÍTICAS DEL NOTARIADO

En resúmen, las críticas de la consultoría contratada por el notariado se pueden agrupar en tres categorías:

• No hay evidencia de que el sistema de formalización haya ayudado a los pobres.
• El derecho de propiedad es contar con la sensación de seguridad de que uno es titular de un activo. Este derecho se consigue de manera progresiva. Primero un derecho expectaticio que aparece con la invasión, luego uno legal que se consigue con el título y luego uno registrado que se consigue con la inscripción en registros públicos. Actualmente los pobres no necesitan de este tercer estadío del derecho de propiedad y, para algunos fines, ni siquiera del segundo.
• Los pobres necesitan un sistema legal distinto que los ricos. El registro y la formalización está bien para los que viven en los distritos tradicionales. Los pobladores de asentamientos humanos –hoy solo necesitan títulos no registrados y mecanismos extralegales de protección de la propiedad.

3. LA RESPUESTA

Si el ensayo simplemente hubiese sido una crítica, no hubiera despertado mayor preocupación por nuestra parte. Desde que Hernando de Soto publicó “El misterio del capital”, en el ILD recogemos anualmente alrededor de mil artículos en inglés sobre sus ideas (los cuales se encuentran a disposición de quien lo desee en los archivos de nuestro instituto). De ellos, no más de 3% son críticos y generalmente los consideramos como una discrepancia académica natural que no requiere mayores aspavientos. El ensayo pagado por el Colegio de Notarios de Lima, no obstante, termina defendiendo un sistema que excluye a los pobres de los beneficios de la propiedad, del mercado y del bienestar del que hoy goza un pequeño puñado de peruanos. Por eso es que respondemos.

La respuesta del ILD que este trabajo contiene demuestra lo siguiente:

Un sistema de formalización de la propiedad y de la empresa que comienza con un registro que genera los incentivos para mantenerlo actualizado como se previó en las leyes reformistas peruanas sí beneficia a los pobres. Principalmente permite:

• Mayor inversión (p.19)
• Mejores viviendas (p.19)
• Mayor tasa de escolaridad (p.21)
• Más oportunidades laborales para las mujeres (p. 21)
• Mejor control de la natalidad (p.21)
• Mayor acceso al crédito (p. 23)
• Mayor acceso a electricidad y agua potable (p. 24)
• Mejor funcionmiento del sistema de defensa civil y menor impacto de desastres naturales (p. 25)
• Mayor acceso a seguros (p. 31)
• Mayor seguridad ciudadana (p. 32)
• Incremento de ingresos familiares (p. 34)
• Mayor empleo legal (p. 34)
• Mayor recaudación tributaria (p. 35)
• Información y seguridad que permiten acceder a los mercados nacionales e internacionales (p. 35)
• Menor exclusión social (p. 36)

El ensayo pagado por el notariado utiliza un concepto erróneo y limitado de lo que es un derecho de propiedad. La propiedad es mucho más que simplemente tener seguridad sobre los bienes. Precisamente, esa concepción es la que hace que fracase buena parte de los programas de formalización de los activos en el tercer mundo.

Todos los peruanos deben tener acceso al mismo sistema legal. Esta es la única forma de que los pobres salgan de la pobreza y tengan la posibilidad de hacer negocios y progresar en los mercados internos e internacionales.